El jueves 24 de julio fue un día histórico para tod@s l@s argentin@s: el día en que se dictó la sentencia para Menéndez, Rodríguez, Acosta, Manzanelli, Vega, Díaz, Padován y Lardone. Esa tarde, nos juntamos en el exterior de Tribunales Federales familiares de desaparecid@s, organizaciones de DD.HH., gremios, estudiantes y otr@s ciudadan@s que pedían justicia. Aproximadamente a las 17:05 hs., el Juez Díaz Gavier, a cargo del juicio, dictó finalmente la sentencia que tod@s anhelábamos: prisión perpetua en cárcel común para Menéndez y otros cinco represores, 18 y 22 años de prisión común para los dos represores restantes. Después de más de 32 años de espera, este primer juicio histórico a los genocidas terminó como tod@s esperábamos, y finalmente l@s ciudadan@s pudimos sentir que se hizo justicia.
El otro hecho que impactó a toda la comunidad cordobesa fue la aprobación de la Ley de Emergencia Previsional, dictada por Schiaretti y aprobada el 30 de julio por l@s legislador@s. La gravedad radica en el hecho de que esta ley implica, entre otras cosas, el recorte jubilatorio a emplead@s de la provincia, como también el aumento a la cantidad de años de aporte que ell@s deben realizar a la caja jubilatoria. Ese miércoles, los miembros de diferentes gremios, entre ellos los de Luz y Fuerza y UEPC, se manifestaban en Av. Colón y Gral. Paz en rechazo a la ley.
Schiaretti justificó esta drástica medida -la aplicación de la ley- acusando al gobierno nacional de "discriminar a Córdoba" y de no pasarle los subsidios correspondientes. Es importante aclarar que, a l@s legislador@s de la bancada oficialista que habían anticipado su voto negativo se les denegó el ingreso a la legislatura y, en su lugar, se colocó a ministr@s (ex legislador@s) para que votasen a favor de la ley. A partir de esto, un grupo de manifestantes intentó traspasar las vallas de la Legislatura y entonces comenzó la represión por parte de la policía. Cabe señalar que en ese momento, las columnas de manifestantes de Luz y Fuerza, UEPC, y demás gremios se encontraban por lo menos a tres cuadras de los incidentes.
Lo curioso de todo esto es que un gobierno que se dice democrático pretenda recortar el salario a l@s obrer@s y defienda los intereses de ciertos sectores de la oligarquía, como lo hizo hasta hace poco menos de un mes con el sector sojero. La realidad es que l@s productor@s de soja manejan altísimas cifras al año, pero intentan hacer creer al pueblo que cumplen el rol que tenía el campesinado del Medioevo. Finalmente, a las retenciones no las pagarán l@s productor@s de soja, sino l@s obrer@s que siempre trabajaron.
Si bien es de suma importancia el castigo a l@s genocidas que reprimieron a nuestro pueblo hace más de 30 años, debemos tener en cuenta que los DD.HH. no son una cuestión del pasado, sino que debemos respetarlos día a día y que la represión y el postergamiento que sufren algunos sectores de nuestra sociedad en la actualidad también deben ser ajusticiados.
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